Cada vez que se abre el debate sobre el financiamiento universitario, la discusión suele plantearse en términos absolutos: si el presupuesto alcanza o no alcanza. Sin embargo, pocas veces se analiza qué lugar ocupa realmente la Universidad Nacional de Cuyo dentro del entramado estatal mendocino.

La respuesta sorprende. Con un presupuesto cercano a los $172.000 millones, la UNCuyo administra más recursos que la Municipalidad de Mendoza y también supera al presupuesto de Guaymallén, el departamento más poblado de la provincia.

Mientras la Ciudad de Mendoza debe sostener calles, plazas, alumbrado público, tránsito, limpieza urbana, seguridad vial, habilitaciones comerciales y una extensa red de servicios para más de 120.000 habitantes, la universidad dispone de una caja aún mayor para atender una comunidad que ronda las 60.000 personas entre alumnos, docentes, investigadores y personal de apoyo.

Una caja más grande que la de los municipios

Los números permiten observar una realidad poco habitual en el debate público. La UNCUYO administra aproximadamente $171.893 millones anuales. La Ciudad de Mendoza cuenta con alrededor de $160.000 millones y Guaymallén con $138.647 millones.

La diferencia resulta aún más significativa cuando se analiza el presupuesto por persona atendida.

La Ciudad de Mendoza dispone de aproximadamente $1,3 millones por habitante al año. En la universidad, la cifra supera los $2,8 millones por integrante de la comunidad educativa. En términos simples, la disponibilidad de recursos por usuario es más del doble.

Se trata de una comparación imperfecta porque ambas instituciones cumplen funciones distintas. Pero justamente allí aparece uno de los interrogantes centrales: ¿Es razonable que una estructura que atiende a una población mucho menor disponga de recursos equivalentes o superiores a los de gobiernos que administran servicios esenciales para cientos de miles de personas?

El departamento número 19

La propia dimensión demográfica de la universidad permite entender su peso institucional.

Si se suman estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes, la comunidad universitaria supera las 60.000 personas. Es una población mayor que la de varios departamentos mendocinos y comparable con ciudades enteras del interior provincial.

La diferencia es que los municipios deben atender a toda la población sin distinción. La universidad, en cambio, presta servicios sobre una comunidad específica y altamente seleccionada.

Aun así, esa masa crítica le otorga una influencia política considerable. La UNCUYO no sólo forma profesionales. También produce cuadros técnicos, funcionarios, asesores, dirigentes políticos y buena parte de la burocracia profesional que luego ocupa espacios de decisión en organismos públicos y privados.

La estructura de personal

Si hay un indicador que llama la atención es la relación entre personal y población atendida.

La universidad cuenta con más de 12.400 agentes entre docentes y no docentes para una matrícula cercana a los 46.000 alumnos. Esto representa aproximadamente 270 empleados por cada mil estudiantes.

Guaymallén, por ejemplo, registra alrededor de 11 empleados por cada mil habitantes. Incluso Malargüe, históricamente señalado por el tamaño de su planta estatal, ronda los 56 agentes por cada mil vecinos.

La diferencia es enorme. Dentro de esa estructura, además, existen aproximadamente 8.800 cargos docentes y más de 3.500 cargos no docentes. Traducido a términos simples, existe un trabajador administrativo, técnico o de apoyo por cada 2,4 docentes.

Naturalmente, una universidad moderna requiere personal de soporte. Sin embargo, la magnitud de la estructura invita a preguntarse dónde se encuentra el límite entre la necesidad operativa y la expansión burocrática.

Nueve de cada diez pesos van a salarios

La composición del gasto explica buena parte del fenómeno.

Cerca del 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios. Son más de $154.000 millones absorbidos por la estructura de personal.

Los municipios operan bajo una lógica completamente diferente. Además de afrontar sueldos, deben destinar recursos a obras públicas, mantenimiento urbano, espacios verdes, servicios ambientales, infraestructura vial y asistencia social.

Por esa razón, la mayoría de las comunas mendocinas destinan entre el 50% y el 65% de sus recursos al gasto salarial.

La comparación permite observar dos modelos estatales completamente distintos. Mientras los intendentes deben repartir recursos entre infraestructura, servicios y personal, la universidad concentra casi toda su capacidad financiera en sostener su estructura humana.

Los servicios que presta cada uno

La diferencia tampoco debe ocultar que la universidad cumple funciones relevantes.

La UNCUYO administra facultades, colegios secundarios y primarios, programas de investigación científica, actividades culturales, medios de comunicación propios y el Hospital Universitario. También participa en la formación de profesionales de la salud y en la capacitación de fuerzas de seguridad mediante el Instituto Universitario de Seguridad Pública.

Son servicios valiosos y, en muchos casos, difíciles de replicar por otros organismos.

Sin embargo, los municipios enfrentan una realidad distinta. Deben garantizar respuestas inmediatas frente a problemas cotidianos: calles rotas, residuos, alumbrado, tránsito, espacios públicos, emergencias climáticas y conflictos urbanos permanentes.

La universidad administra conocimiento. Los municipios administran territorio.

Y esa diferencia ayuda a explicar por qué la discusión sobre recursos públicos no puede limitarse únicamente a la cantidad de dinero asignada.

El poder detrás del presupuesto

La UNCUYO suele aparecer en el debate público como una institución que lucha permanentemente por mayores partidas presupuestarias. Pero vista desde Mendoza, la fotografía es más compleja.

La universidad administra una de las mayores cajas públicas de la provincia, emplea a más de doce mil personas, posee medios de comunicación propios, participa en la formación de funcionarios, profesionales y fuerzas de seguridad, y concentra una capacidad de influencia política que excede largamente el ámbito académico.

Por eso las próximas elecciones universitarias tienen una dimensión que trasciende la vida interna de las facultades.

Lo que estará en juego este 9 de junio no será solamente quién ocupará el Rectorado. También se definirá quién administrará una estructura estatal con recursos superiores a los de la mayoría de los municipios mendocinos.

Dicho de otro modo, Mendoza elegirá próximamente al rector de la universidad. Pero también, en términos presupuestarios, al responsable de una de las cajas públicas más importantes de toda la provincia.